El pasado 5 de mayo se nos comunicó por el Tribunal Supremo la admisión a trámite del Recurso Contencioso – Administrativo que presentamos contra el acuerdo del Consejo de Ministros que excluía la realización del Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto de nueva cárcel. En el BOE de 8 de mayo se recoge dicha admisión. Con ello se abre la perspectiva de que dicho Tribunal analice nuestra demanda de que la construcción de una nueva cárcel no sea, obligatoriamente, a costa de la destrucción de una reserva paisajística y medioambiental. Es cierto que hace unos días, otra sala del Tribunal Supremo dictó un Auto contra la paralización de las obras que había solicitado el Ayuntamiento y ello pudo producir la impresión de que la cárcel se construirá indefectiblemente en Santa Lucía – Soltxate. Desde esta Asociación vecinal confiamos en que cuando se entre en el fondo del asunto se vea claro el despropósito que sería hacerla allí cuando se puede hacer en muchos otros sitios, con parecida o incluso mayor celeridad que la que ahora, tras 17 años de parálisis e incompetencia, parecen querer tanto el Ministerio de Interior como esa sala del Supremo que se opuso a la paralización. Por otro lado, estamos viendo de manera reiterada la declaración final de “ilegales” por motivos medioambientales de muchas obras que no fueron paralizadas o impedidas a su debido tiempo. Son conocidos los casos de Las Navas del Marqués (Avila), hotel El Algarrobico (Almería), puerto de Granadilla (Tenerife) entre otros muchos. Muy cerca tenemos el ejemplo de la planta de biometanización de Arazuri. Es noticia de estos días el derribo de cientos de nuevas viviendas en Arnuero (Cantabria) a pesar de que muchas de ellas han estado habitadas. Es penoso el coste económico y social que todas las actuaciones irracionales o/y arbitrarias de la Administración comportan, pero no podemos permanecer en silencio ante ellas.
