
Red de corrupción dirigida al engaño y saqueo, con el urbanismo salvaje como único norte de actuación, en la que, por acción u omisión, están implicadas todas las administraciones, por supuesto la central, pero también las autonómicas y locales, responsables de un desarrollo insostenible que tiene gravísimas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Todo ello en complicidad con los agentes urbanizadores, promotores inmobiliarios e instituciones financieras, que conocen las irregularidades de los proyectos urbanísticos, culminando con el silencio, la tolerancia, la lentitud y la ineficacia del sistema judicial para reparar daños e impartir justicia en el terreno medioambiental.
Estas son las duras palabras del Parlamento Europeo sobre el panorama urbanístico y medioambiental de nuestro país, en informe aprobado el 26 de marzo de 2009 por abrumadora mayoría, a pesar de los intentos por boicotearlo de los representantes socialistas y populares españoles. No habla directamente del Parlamento Foral, claro, pero no es difícil que tras ellas nos vengan a la cabeza otras como Guenduláin, Autovía del Camino, Canal de Navarra, denuncias contra canteras, tratamiento de ríos, abandono de bosques, Normas Urbanísticas Comarcales (NUC), etc., etc.
Precisamente a una Reserva Paisajística y Forestal incluida en las NUC queremos referirnos ahora. Desde el año 2004, en que se empezó a hablar de ocupar la Colina de Santa Lucía-Soltxate, la única Reserva que queda en Iruña, han sido innumerables las cartas, artículos de prensa, correos electrónicos, propuestas de mociones, solicitud de reuniones y comisiones de trabajo, solicitud de preguntas e interpelaciones al Gobierno, opiniones de expertos, dictámenes municipales, etc., etc., dirigidas al Parlamento para que éste se interesara por el despropósito urbanístico y medioambiental que se iba a cometer construyendo en esa colina una nueva cárcel de casi 25 hectáreas. Se ha impuesto la mayoría parlamentaria de la estabilidad… en el sillón.
EL PARLAMENTO FORAL NO HA HECHO NADA.
El Parlamento navarro está incumpliendo su deber de control al Gobierno de Navarra y el de defender las competencias urbanísticas y medioambientales ante el Gobierno Central. Se ha olvidado hasta de que ratificó por unanimidad y en dos ocasiones (salvo la abstención del PSN en la 2ª) que la nueva cárcel de Navarra no debía hacerse para más de 400 reclusos. El Ministerio de Interior quiere hacerla para 1200.
El Parlamento de Navarra no se preocupa ante el incumplimiento de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, o de la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental, ni ante las graves transgresiones cometidas en este asunto de la ubicación de la nueva cárcel, con los Convenios Europeos sobre Sostenibilidad y Paisaje. Ni siquiera es capaz de respaldar la exigencia, muy tímida por cierto, del Gobierno de Navarra para que se realice el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ante la negativa del Gobierno central a realizarlo.
¿Es ignorancia? ¿Es incompetencia? ¿Es complicidad con el urbanismo salvaje? No vamos a perder el tiempo en averiguarlo. Tampoco vamos a dejar de denunciarlo.
¡Sí al Parque Natural en la Reserva Paisajística de Soltxate-Santa Lucía!
Me dirijo a usted, Sra. Delegada, maravillado al leer su escrito (11/12/2008) en Diario de Noticias, titulado ”Por el diálogo institucional y la confianza“. Al comienzo del mismo se refiere a las recientes medidas económicas contra la crisis que el Gobierno por Vd. representado ha tomado y los consiguientes efectos saludables que de ellas se derivarán. Como es lógico, canta las alabanzas de dichas medidas y hace un llamamiento a la confianza de la sociedad en su Gobierno que “…cuando impulsa medidas lo hace siempre con la interlocución de los agentes sociales…” “…y siempre al lado de los ciudadanos.”
Estas últimas frases y las emocionadas y entusiastas arengas de los últimos párrafos de su escrito, apelando al diálogo entre instituciones, a la atención a lo que piden los ciudadanos (siempre ciudadanos, nunca ciudadanas o ciudadanía) y a ganar su confianza, son las que, como digo, me han maravillado.
No sé Sra. Saiz si usted no se entera o pretende engañar a quienes le leen. Voy a referirme a la falta de atención a la ciudadanía y a la ausencia absoluta de colaboración entre instituciones en el caso de la construcción de la nueva cárcel de Navarra, un asunto que conozco de cerca.
Este es el informe que ha presentado la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Iruña sobre el Proyecto Básico de nueva cárcel en Santa Lucía-Soltxate (Proyecto que presentó ante el Ayuntamiento Instituciones Penitenciarias a finales de Octubre pasado).
Este Informe, que tiene parte jurídica y parte urbanística-medioambiental, fué firmado por la alcaldesa Yolanda Barcina como Resolución de Alcaldía el 24 de noviembre y expuesto en la Comisión de Urbanismo del pasado miércoles 26 de noviembre por el Director de la Gerencia, Enrique Maya (arquitecto-urbanista).
A la Comisión de Urbanismo asisten todos los grupos municipales, incluido el PSN (que ahora es el que más aboga por hacer rápido la cárcel), y todos ellos asintieron al Informe sin poner pega alguna.
A nosotros nos parece que es un informe muy positivo, no sólo porque es totalmente contrario a la ubicación de la cárcel, sino porque lo argumenta desde distintos puntos de vista. Es la primera vez que el Ayuntamiento se pronuncia con tanta profundidad y de forma tan taxativa.
Es un tanto largo y con lenguaje un poco técnico, pero pronto colgaremos unos extractos de lo que nos parece más reseñable.
Por ahora os podéis descargar el informe completo en PDF pinchando aquí (5Mb).
Las Asociaciones de Vecin@s de San Jorge-Sanduzelai y Buztintxuri, se dirigen al
Defensor del Pueblo de España D. Enrique Múgica Herzog
Calle Zurbano, 42 – 28010 Madrid.
Y exponen:
1.- Que recurren a su amparo con enorme preocupación por el grave problema medioambiental que, si no se remedia, va a originar la próxima construcción de un nuevo Centro Penitenciario de Navarra, en el término municipal de Pamplona y al noroeste de dicha capital, en unos parajes elevados llamados “Monte o Colina de Santa Lucía-Soltxate”, que están protegidos como Reserva Paisajística (RP) por las Normas Urbanísticas Comarcales (NUC-1999) de la Comarca de Pamplona, recogidas en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (2002) y también protegidos como Reserva Natural Forestal (RNF), por el Plan Municipal de Pamplona-Iruñea (PMPI-2003). Además el mogote o loma más oriental de dicha colina de Santa Lucía-Soltxate está considerado como zona de Protección del Patrimonio Arqueológico (PPA), por existir soterrado en él restos de poblados prehistóricos de las edades del bronce y del hierro. Le aportamos foto aérea de la zona afectada (anexo 1) que refleja claramente el carácter de “isla verde” rodeada de urbanizaciones residenciales y polígonos industriales o de servicios. El rectángulo central, lógicamente a igual escala que la de toda la zona y justo en esa posición, es el que ocuparía el nuevo Centro Penitenciario, 35 campos de fútbol, casi 26 hectáreas.
Desde hace unas semanas están haciendo unas zanjas en la colina.

Tamaño aproximado de las zanjas.

Vista de las zanjas desde la colina este.

Vista de las zanjas de la colina oeste. Al fondo Berriozar.

Vista de las zanjas de la colina oeste. Sanduzelai al fondo.
Si quieres ver las fotos con más detalle están aquí

Los abajo firmantes…
profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, de la sociología, de la economía, de la abogacía, de la información, de la biología, de la cultura, del paisaje, de la construcción, de la enseñanza y de otras ramas…
en tanto que nuestro trabajo se relaciona con el urbanismo, el desarrollo de la Comarca de Pamplona-Iruñea, la ordenación del territorio y la calidad medioambiental de nuestro entorno…
en ejercicio de nuestros derechos de ciudadanos libres…
ante la propuesta de construir un nuevo Centro Penitenciario de Navarra en las colinas de Santa Lucía-Soltxate, manifestamos:
1.- Nuestro rechazo al emplazamiento elegido para ese nuevo Centro Penitenciario por invadir y ocupar masivamente la Reserva Paisajística establecida en las Normas Urbanísticas Comarcales, aprobadas por el Gobierno de Navarra en 1999, anulando con ello la posibilidad de que dicha Reserva se convierta en el próximo futuro en Parque Urbano Comarcal.
2.- Nuestro apoyo a la sustitución de la actual Cárcel de Pamplona por una nueva instalación bien emplazada y acondicionada, moderna y humanizada, que facilite al máximo la rehabilitación de las personas recluidas y la relación de éstas con sus familiares y el resto de la sociedad.
3.- Nuestra exigencia al Gobierno de Navarra para que seleccione otro emplazamiento para ese nuevo Centro Penitenciario, de manera que sean compatibles los derechos de accesibilidad y cercanía para trabajadores, funcionarios, letrados, reclusos y familiares, con los derechos de toda la ciudadanía de la Comarca de Pamplona al único Parque Urbano Comarcal previsto en el noroeste de nuestra capital.
4.- Nuestra petición al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona y a los de los municipios del entorno de la Colina Santa Lucía-Soltxate, para que agilicen las gestiones urbanísticas de sus planes municipales y tomen medidas concretas que permitan el acceso y el conocimiento de la ciudadanía sobre la Reserva Paisajística (RP-2) y pueda empezar a transformarse en la zona verde y forestal comprometida.
La lista completa de firmantes es la siguiente:
Ramón Chocarro (arquitecto, MCP), Alfredo Sarasa (arquitecto, MCP), Javier Induráin (arquitecto, MCP), Edurne Iriarte (arquitecta), Alfonso Herranz (arquitecto), Javier Chocarro (arquitecto), Pedro G. Burguera (arquitecto), María Urmeneta (arquitecta-urbanista, redactora y coordinadora POT), Alicia Ainciburu (arquitecta), Iosune Baquedano (arquitecta), Blanca Erviti (Antropóloga), Camino Jaso (bióloga), Lucía Urabayen (técnica sanidad), Gurutze Sancho (técnica medio ambiente), Adolfo Jiménez (técnico medio ambiente CRANA), Jorge Iriarte (técnico medio ambiente CRANA), Rafa Aldai (técnico medio ambiente CRANA), Leyre Iriarte (técnico medio ambiente), Fermín Martínez (autónomo), Félix Armendáriz (abogado medio ambiente GN), Julen Mendiguren (ingeniero, profesor), Ramón Sainz de los Terreros (arquitecto-urbanista y profesor UN, jefe de planeamiento urbanístico del Gob. de Navarra), Víctor Honorato (arquitecto-urbanista y profesor UN, redactor y coordinador POT), José Luque (arquitecto, prof. urbanismo UN), Izaskun Aseguinolaza (arquitecta, prof. UN), Ramón Garitano (arquitecto-urbanista, redactor PMPI), Gabriel Ros (arquitecto-urbanista), José Martín Errea (arquitecto-urbanista), Fco. Javier Gil Izco (abogado y secretario municipal), Angel Larraya (profesor), Cristina de Felipe (arquitecto técnico, jefe negociado GN), Maier Vélez (arquitecta-urbanista), Eva Zaragüeta (bióloga, viveros y repoblaciones GN), César Garciarena (arquitecto), Mª Ainhoa Irizar (arquitecta, GN), Amaia Bescos (geógrafa, urbanismo GN), Fco. Javier Älvarez (arquitecto técnico GN), Eduardo Rojo (arquitecto, prof. UN), Sigifredo Martín (arquitecto-urbanista, redactor y coordinador POT), Miguel Sanz Izco (ing. técnico agrícola, medio ambiente GN), J.A. Ascunce (arquitecto-urbanista), Amaia Jaurrieta (arquitecta-urbanista), César Sesma (arquitecto), Javier Fernández (arquitecto), Sara Echeverría (periodista), Gregorio Urdániz (sociólogo, API), José Ramón Diez Collado (sociólogo, API), Javier I. Portillo (arquitecto), Marta Jáuregui (arquitecta-urbanista), Iñigo Monreal (arquitecto), Artzeina Campo (aparejadora), Javier Glaría (arquitecto), Izaskun Marcotegui (arquitecto técnico), Mª Antonia Lecumberri (arquitecta), Rocío Conde (arquitecta), Jesús Oliva (sociólogo y urbanista, UPNA), Javier Horcada (abogado, secretario API), Alejandro Arizkun (catedrático economía UPNA), Carlos Vilches (sociólogo), José Mª Uribe (antropología social, UPNA), Blanca Fez. Viguera (prof. trabajo social, UPNA), Patricia Amigot (psicología social, UPNA), Concepción Corera (prof. UPNA), Emilio Galera (prof.. UPNA), Manuel Aguilar (prof. UPNA), Miguel Laparra (prof. UPNA), Héctor Nagore (abogado), Carlos González (biólogo, director jardines API), Aitziber Otxoa (bióloga, API), Amaia Anaut (aparejadora, GU-API), Jesús Yárnoz (arquitecto técnico GU-API), Cristina Cerdán (arquitecto técnico GU-API), Berta Suescun (arquitecto técnico GU-API), Eugenia Erro (arquitecta), Esther García Romero (arquitecta), José I. Arribas (arquitecto, presidente delegación navarra COAVNA), Mª Aranzazu Legarreta (arquitecto), Teo Ronco (arquitecto-urbanista), Julia Ibarra (prof. UPNA), Andoni Iso (sociólogo, prof. UPNA), Ricardo Feliú (sociólogo, prof. UPNA). Kepa Fernández de Larrinoa (antropólogo, prof. UPNA). Gabriel Hualde (sociólogo y criminólogo).
En resumen:
Más de 80 profesionales, técnicos y expertos que trabajan en Pamplona y su Comarca en torno al urbanismo, al medio ambiente, la sociología urbana, la política penitenciaria, la sostenibilidad y la ordenación del territorio, han firmado un Manifiesto en el que rechazan la ubicación del nuevo Centro Penitenciario de Navarra en la Colina de Santa Lucía.
Entre ellos figuran 38 arquitectos, 11 técnicos en medio ambiente, 9 arquitectos técnicos, 18 profesores universitarios (6 de los cuales son arquitectos) de áreas como la arquitectura, la economía, la sociología, la biología, etc., 4 abogados especializados en urbanismo o/y medio ambiente y 7 de otras profesiones.
Entre otras firmas están las de:
Redactores de los Planes de Urbanismo vigentes en varios ayuntamientos de la Comarca, incluido el Plan Municipal de Pamplona-Iruñea (PMPI).
Arquitectos-urbanistas que además son redactores y coordinadores de los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT).
El Jefe de Planeamiento Urbanístico del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra (GN) y Director Técnico en la redacción de las NUC de la Comarca de Pamplona.
Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra (GN).
El Director del Área de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea (API).
Técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea (GU-API).
El Secretario Municipal del Ayuntamiento de Pamplona.
Dos Sociólogos del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea.
El hasta hace unos días Presidente en Navarra del COAVNA (Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro)
Técnicos del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).
Catedráticos y Profesores titulares de la UN y de la UPNA.
Arquitectos del Servicio de Rehabilitación de Viviendas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP)
Con la firma de este Manifiesto por parte de estos profesionales, que además coinciden en lo fundamental con las declaraciones y peticiones formuladas anteriormente por otros expertos, como el ingeniero Francisco Galán (véanse sus artículos “Más deterioro en la Comarca” y “Yo acuso”) o los arquitectos Vicente Taberna y Koldo Fernandino (véanse las conclusiones de su curso de verano del 2005 en la UNED), y como las de la dirección de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, aparece de forma palpable la necesidad de que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra se replanteen la ubicación del nuevo Centro Penitenciario, haciéndolo en alguno de los muchos lugares posibles que no tienen condicionantes medioambientales.