Manifiesto: Ante la ocupación de la colina de Santa Lucía

Los abajo firmantes…
profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, de la sociología, de la economía, de la abogacía, de la información, de la biología, de la cultura, del paisaje, de la construcción, de la enseñanza y de otras ramas…

en tanto que nuestro trabajo se relaciona con el urbanismo, el desarrollo de la Comarca de Pamplona-Iruñea, la ordenación del territorio y la calidad medioambiental de nuestro entorno…

en ejercicio de nuestros derechos de ciudadanos libres

ante la propuesta de construir un nuevo Centro Penitenciario de Navarra en las colinas de Santa Lucía-Soltxate, manifestamos:

1.- Nuestro rechazo al emplazamiento elegido para ese nuevo Centro Penitenciario por invadir y ocupar masivamente la Reserva Paisajística establecida en las Normas Urbanísticas Comarcales, aprobadas por el Gobierno de Navarra en 1999, anulando con ello la posibilidad de que dicha Reserva se convierta en el próximo futuro en Parque Urbano Comarcal.

2.- Nuestro apoyo a la sustitución de la actual Cárcel de Pamplona por una nueva instalación bien emplazada y acondicionada, moderna y humanizada, que facilite al máximo la rehabilitación de las personas recluidas y la relación de éstas con sus familiares y el resto de la sociedad.

3.- Nuestra exigencia al Gobierno de Navarra para que seleccione otro emplazamiento para ese nuevo Centro Penitenciario, de manera que sean compatibles los derechos de accesibilidad y cercanía para trabajadores, funcionarios, letrados, reclusos y familiares, con los derechos de toda la ciudadanía de la Comarca de Pamplona al único Parque Urbano Comarcal previsto en el noroeste de nuestra capital.

4.- Nuestra petición al Gobierno de Navarra, al Ayuntamiento de Pamplona y a los de los municipios del entorno de la Colina Santa Lucía-Soltxate, para que agilicen las gestiones urbanísticas de sus planes municipales y tomen medidas concretas que permitan el acceso y el conocimiento de la ciudadanía sobre la Reserva Paisajística (RP-2) y pueda empezar a transformarse en la zona verde y forestal comprometida.

La lista completa de firmantes es la siguiente:

Ramón Chocarro (arquitecto, MCP), Alfredo Sarasa (arquitecto, MCP), Javier Induráin (arquitecto, MCP), Edurne Iriarte (arquitecta), Alfonso Herranz (arquitecto), Javier Chocarro (arquitecto), Pedro G. Burguera (arquitecto), María Urmeneta (arquitecta-urbanista, redactora y coordinadora POT), Alicia Ainciburu (arquitecta), Iosune Baquedano (arquitecta), Blanca Erviti (Antropóloga), Camino Jaso (bióloga), Lucía Urabayen (técnica sanidad), Gurutze Sancho (técnica medio ambiente), Adolfo Jiménez (técnico medio ambiente CRANA), Jorge Iriarte (técnico medio ambiente CRANA), Rafa Aldai (técnico medio ambiente CRANA), Leyre Iriarte (técnico medio ambiente), Fermín Martínez (autónomo), Félix Armendáriz (abogado medio ambiente GN), Julen Mendiguren (ingeniero, profesor), Ramón Sainz de los Terreros (arquitecto-urbanista y profesor UN, jefe de planeamiento urbanístico del Gob. de Navarra), Víctor Honorato (arquitecto-urbanista y profesor UN, redactor y coordinador POT), José Luque (arquitecto, prof. urbanismo UN), Izaskun Aseguinolaza (arquitecta, prof. UN), Ramón Garitano (arquitecto-urbanista, redactor PMPI), Gabriel Ros (arquitecto-urbanista), José Martín Errea (arquitecto-urbanista), Fco. Javier Gil Izco (abogado y secretario municipal), Angel Larraya (profesor), Cristina de Felipe (arquitecto técnico, jefe negociado GN), Maier Vélez (arquitecta-urbanista), Eva Zaragüeta (bióloga, viveros y repoblaciones GN), César Garciarena (arquitecto), Mª Ainhoa Irizar (arquitecta, GN), Amaia Bescos (geógrafa, urbanismo GN), Fco. Javier Älvarez (arquitecto técnico GN), Eduardo Rojo (arquitecto, prof. UN), Sigifredo Martín (arquitecto-urbanista, redactor y coordinador POT), Miguel Sanz Izco (ing. técnico agrícola, medio ambiente GN), J.A. Ascunce (arquitecto-urbanista), Amaia Jaurrieta (arquitecta-urbanista), César Sesma (arquitecto), Javier Fernández (arquitecto), Sara Echeverría (periodista), Gregorio Urdániz (sociólogo, API), José Ramón Diez Collado (sociólogo, API), Javier I. Portillo (arquitecto), Marta Jáuregui (arquitecta-urbanista), Iñigo Monreal (arquitecto), Artzeina Campo (aparejadora), Javier Glaría (arquitecto), Izaskun Marcotegui (arquitecto técnico), Mª Antonia Lecumberri (arquitecta), Rocío Conde (arquitecta), Jesús Oliva (sociólogo y urbanista, UPNA), Javier Horcada (abogado, secretario API), Alejandro Arizkun (catedrático economía UPNA), Carlos Vilches (sociólogo), José Mª Uribe (antropología social, UPNA), Blanca Fez. Viguera (prof. trabajo social, UPNA), Patricia Amigot (psicología social, UPNA), Concepción Corera (prof. UPNA), Emilio Galera (prof.. UPNA), Manuel Aguilar (prof. UPNA), Miguel Laparra (prof. UPNA), Héctor Nagore (abogado), Carlos González (biólogo, director jardines API), Aitziber Otxoa (bióloga, API), Amaia Anaut (aparejadora, GU-API), Jesús Yárnoz (arquitecto técnico GU-API), Cristina Cerdán (arquitecto técnico GU-API), Berta Suescun (arquitecto técnico GU-API), Eugenia Erro (arquitecta), Esther García Romero (arquitecta), José I. Arribas (arquitecto, presidente delegación navarra COAVNA), Mª Aranzazu Legarreta (arquitecto), Teo Ronco (arquitecto-urbanista), Julia Ibarra (prof. UPNA), Andoni Iso (sociólogo, prof. UPNA), Ricardo Feliú (sociólogo, prof. UPNA). Kepa Fernández de Larrinoa (antropólogo, prof. UPNA). Gabriel Hualde (sociólogo y criminólogo).

 


 

 

En resumen:
Más de 80 profesionales, técnicos y expertos que trabajan en Pamplona y su Comarca en torno al urbanismo, al medio ambiente, la sociología urbana, la política penitenciaria, la sostenibilidad y la ordenación del territorio, han firmado un Manifiesto en el que rechazan la ubicación del nuevo Centro Penitenciario de Navarra en la Colina de Santa Lucía.

Entre ellos figuran 38 arquitectos, 11 técnicos en medio ambiente, 9 arquitectos técnicos, 18 profesores universitarios (6 de los cuales son arquitectos) de áreas como la arquitectura, la economía, la sociología, la biología, etc., 4 abogados especializados en urbanismo o/y medio ambiente y 7 de otras profesiones.

Entre otras firmas están las de:
Redactores de los Planes de Urbanismo vigentes en varios ayuntamientos de la Comarca, incluido el Plan Municipal de Pamplona-Iruñea (PMPI).
Arquitectos-urbanistas que además son redactores y coordinadores de los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT).
El Jefe de Planeamiento Urbanístico del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Navarra (GN) y Director Técnico en la redacción de las NUC de la Comarca de Pamplona.
Técnicos del Departamento de Medio Ambiente y del Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra (GN).
El Director del Área de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea (API).
Técnicos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea (GU-API).
El Secretario Municipal del Ayuntamiento de Pamplona.
Dos Sociólogos del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea.
El hasta hace unos días Presidente en Navarra del COAVNA (Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro)
Técnicos del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).
Catedráticos y Profesores titulares de la UN y de la UPNA.
Arquitectos del Servicio de Rehabilitación de Viviendas de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP)

Con la firma de este Manifiesto por parte de estos profesionales, que además coinciden en lo fundamental con las declaraciones y peticiones formuladas anteriormente por otros expertos, como el ingeniero Francisco Galán (véanse sus artículos “Más deterioro en la Comarca” y “Yo acuso”) o los arquitectos Vicente Taberna y Koldo Fernandino (véanse las conclusiones de su curso de verano del 2005 en la UNED), y como las de la dirección de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, aparece de forma palpable la necesidad de que el Gobierno central y el Gobierno de Navarra se replanteen la ubicación del nuevo Centro Penitenciario, haciéndolo en alguno de los muchos lugares posibles que no tienen condicionantes medioambientales.

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Hemeroteca

09/06/08 Diario de Noticias y 08/06/08 Diario de Navarra

La cárcel, despropósito ambiental y urbanístico

LA colina de Santa Lucía-Soltxate, perteneciente al término municipal de Pamplona-Iruñea, es una zona protegida por la legislación foral que la califica como reserva paisajística en las Normas Urbanísticas Comarcales, y asimismo protegida también como Reserva de suelo Forestal Natural por el Plan Municipal de nuestra capital.

La vocación u objetivo futuro de esa colina, con la protección medioambiental que se le asigna, es la de convertirse en un parque urbano y a la vez comarcal, en una amplia zona verde y forestal que conserve y refuerce sus características topográficas y orográficas naturales, y ello añadido a las enormes posibilidades paisajísticas que tiene por su elevación respecto a su entorno más cercano, en el que se incluye el parque fluvial del Arga.

La decisión del Consejo de Ministros de ubicar ahí la cárcel rompe con la protección medioambiental de la colina y con las perspectivas de ese futuro parque urbano comarcal, porque la envergadura y ubicación en el centro de Santa Lucía de una plataforma rectangular de 470×550 m, casi 26 hectáreas, con edificaciones de 4 alturas, con la afección añadida en muchos metros a la redonda por las pronunciadas pendientes del terreno, por los previsibles terraplenes, desmontes, rellenos, escolleras, etcétera, es totalmente contradictoria con aquellas perspectivas medioambientales.

El Ayuntamiento de Pamplona ha sido tarde y deficientemente informado de las gestiones llevadas a cabo por las instituciones del Estado para llegar a la decisión citada del Consejo de Ministros, y si bien es verdad que la Disposición adicional tercera de la Ley 13/2003 recoge la prevalencia de la decisión estatal sobre los planeamientos urbanísticos locales o autonómicos, también la Disposición adicional segunda y otras de la misma ley exigen como necesarias la recíproca información, colaboración y cooperación entre administraciones estatal, autonómica y local, estableciendo incluso órganos y mecanismos de coordinación y cooperación, lo que, evidentemente, en este caso no se ha dado.

No existen informes ni estudios de carácter técnico, arquitectónico, sociológico, urbanístico, medioambiental, etcétera, que justifiquen la decisión tomada por el Consejo de Ministros de ubicar el nuevo centro penitenciario en la colina de Santa Lucía. El llamado Análisis de posibles emplazamientos… realizado por Tracasa sobre 9 enclaves y presentado por el Gobierno de Navarra a Instituciones Penitenciarias, no puede ser considerado de forma seria y responsable como tal análisis. Es significativo que en ese Análisis la parcela del nuevo centro penitenciario sea de 400×400 m., es decir, de 16 hectáreas, frente a las casi 26 hectáreas que ahora se pretenden aprobar. Si el Ayuntamiento hubiera sido informado antes de septiembre de 2007 de la existencia de este supuesto Análisis , podría haber aportado sus puntos de vista, incluyendo el medioambiental que, por cierto, está totalmente ausente en el mismo.

Tampoco puede ser considerado como estudio serio y responsable para justificar la decisión de construir el nuevo centro penitenciario en la colina de Santa Lucía el documento presentado por Instituciones Penitenciarias, a través de SIEP SA, ya que además de tratar de manera totalmente superficial el carácter medioambiental y paisajísticamente protegido de la colina, se contradice de manera flagrante en la aplicación de los criterios de selección, aceptando pendientes muy superiores a las máximas tolerables, diferencias de cotas cuatro y cinco veces superiores a la máxima admitida de 6 metros, y alturas dominantes sobre las parcelas elegidas que taxativamente habían previamente rechazado.

Es claro y evidente que ese Informe resumen se ha hecho aplicando una plantilla o esquema antiguo -se dice incluso que su primer formato se elaboró en 1991- a una decisión previamente tomada por el ministerio del Interior, que como éste mismo ha reconocido, la tomó fuertemente influenciado por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra. Si se analiza en detalle el cuadro resumen de puntuaciones de los 9 criterios de selección del Informe resumen , parece imposible no llegar a la conclusión de que el mismo es una coartada a una decisión previamente adoptada. Si ese Informe resumen hubiera sido conocido por el Ayuntamiento antes de octubre de 2007, podría haber participado con sus técnicos en la crítica y sugerencias al mismo y, sobre todo, podría haber aportado su punto de vista antes de tomarse una decisión que puede causar daños irreparables.

El equipo de técnicos del Ayuntamiento de Pamplona ha manifestado en diversas ocasiones, a través de los correspondientes informes, que no es en absoluto apropiado construir el nuevo centro penitenciario en la colina Santa Lucía, fundamentalmente porque ello se contradice de forma clara y rotunda con las determinaciones de las Normas Urbanísticas Comarcales y con las del Plan Municipal.

Todo el mundo, a la chita callando, reconoce el despropósito de la ubicación. Sin embargo, determinados intereses confluyen en este asunto. Al Estado, no se sabe si por desconocimiento o dejación, parece que no le importa demasiado la ubicación y sus consecuencias; al Gobierno de Navarra le viene bien que sea en Pamplona por tener un Ayuntamiento menos protestón y de esa manera evitarse los conflictos con otros municipios y vecinos, como los habidos ante anteriores propuestas de ubicación, y el Ayuntamiento, o más bien algunos de sus grupos municipales, fieles seguidores de sus respectivos gobiernos, miran para otro lado.

Nadie discute la necesidad y urgencia de contar con una nueva cárcel por razones de toda índole, especialmente las de índole social y rehabilitadora de presos, lo que no tiene sentido es que su ubicación se determine sin ningún tipo de rigor urbanístico, ambiental y social.

txema mauleón y ioseba eceolaza