Me dirijo a usted, Sra. Delegada, maravillado al leer su escrito (11/12/2008) en Diario de Noticias, titulado ”Por el diálogo institucional y la confianza«. Al comienzo del mismo se refiere a las recientes medidas económicas contra la crisis que el Gobierno por Vd. representado ha tomado y los consiguientes efectos saludables que de ellas se derivarán. Como es lógico, canta las alabanzas de dichas medidas y hace un llamamiento a la confianza de la sociedad en su Gobierno que “…cuando impulsa medidas lo hace siempre con la interlocución de los agentes sociales…” “…y siempre al lado de los ciudadanos.”
Estas últimas frases y las emocionadas y entusiastas arengas de los últimos párrafos de su escrito, apelando al diálogo entre instituciones, a la atención a lo que piden los ciudadanos (siempre ciudadanos, nunca ciudadanas o ciudadanía) y a ganar su confianza, son las que, como digo, me han maravillado.
No sé Sra. Saiz si usted no se entera o pretende engañar a quienes le leen. Voy a referirme a la falta de atención a la ciudadanía y a la ausencia absoluta de colaboración entre instituciones en el caso de la construcción de la nueva cárcel de Navarra, un asunto que conozco de cerca.
A su Gobierno, a los Ministerios y Direcciones Generales del mismo que tienen competencias penitenciarias y medioambientales, a la propia Delegación que ahora usted preside, se les han dirigido en forma de cartas, solicitudes, sugerencias, recursos, artículos de prensa, etc., más de 40 escritos desde el año 2005, cuando se conoció el despropósito urbanístico y medioambiental que se pretendía en Santa Lucía-Soltxate, solicitando que se reconsiderara la ubicación y el tamaño de la nueva cárcel y que se solucionara a la vez la deplorable situación de los reclusos en la actual. La mayoría de esas cartas y escritos en nombre de las asociaciones de Vecinas/os de San Jorge-Sanduzelai y de Buztintxuri. ¿Respuestas obtenidas? CERO. Eso sí, nos llegaron tres cartas (¡sólo 3 a más de 40 enviadas!) muy amables, una del Ministerio de Interior y dos del de Medio Ambiente, quitándose responsabilidad y dando largas.
Para conseguir una reunión con el anterior delegado tuvimos que presentar tres escritos y al final (25/01/2007) se realizó una reunión-monólogo, del Sr. Ripa claro, No se quiso escuchar ni una sola de nuestras propuestas.
A los recursos presentados en esa Delegación de Gobierno ante las expropiaciones de parcelas de la colina (03/10/2007 y 04/06/2008), ni siquiera se nos ha contestado. No es que se nos hayan denegado los recursos, no, es que no sabemos, a pesar de tener los correspondientes resguardos del registro, a dónde fueron a parar.
En su Delegación de Gobierno y en los Ministerios antes citados se presentó el manifiesto de casi 100 profesionales y expertos en urbanismo, sociología urbana, medio ambiente, ordenación del territorio, política penitenciaria y otras ramas relacionadas, en el que se solicita una solución racional y compatible para las personas encarceladas y para la reserva medioambiental del monte Santa Lucía. ¿Qué se les ha respondido? NADA.
Le transcribo textualmente lo que el Defensor del Pueblo (de las cortes Generales, en Madrid) nos dice en su última carta, del 19 de noviembre último: “La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, competente en relación con la queja por usted planteada ante esta Institución con número de referencia ___, desafortunadamente persiste en su actitud de no enviar la información pedida.” Y sigue: “Ante tal actitud, esta Institución se ha visto obligada a recordar una vez más al citado Organismo (dependiente del Ministerio de Interior, no lo olvidemos) su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación que nos planteaba en su queja.” No sólo no se atienden las peticiones razonadas de la ciudadanía. Ni siquiera el máximo representante de la Institución del Defensor del Pueblo es escuchado. Todo un síntoma.
Dice usted que apela al diálogo institucional como mejor herramienta para solucionar los problemas, y en todos los ámbitos, “…también en el de la política, entre administraciones que, por encima de cualquier otro interés, ha de priorizarse siempre el de los ciudadanos. Dicen que hablando se entiende la gente. Así que hablando, seguro que nos entendemos también la Administración del Estado, la de la Comunidad Foral y los entes locales”. Debe ser que el asunto de la construcción de la nueva cárcel en una Reserva Paisajística y de suelo Natural Forestal no pertenece a ámbito alguno, porque supongo conocerá las múltiples y repetidas quejas del Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea por falta de información, ausencia total de colaboración, retrasos e insuficiencias en la documentación recibida sobre el tema, imposiciones no razonadas, etc., etc.
Sólo en el último documento municipal conocido sobre este asunto, resolución de alcaldía (24/11/2008) adoptada sobre un informe de la Gerencia de Urbanismo, se recogen textualmente las siguientes manifestaciones:
“…la Administración Central se ha dirigido formalmente al Ayuntamiento de Pamplona…”, en lo referente a las expropiaciones por las que éste se ve afectado, “…sin que haya habido ni un solo contacto entre representantes de ambas administraciones en el ánimo de coordinar una actuación que resulta tan importante…” y continúa “Mayor deficiencia si cabe existe en el ámbito urbanístico…”, ya que no ha sido respondida ninguna de las cuestiones planteadas por el ayuntamiento en este tema. En definitiva, “…ha quedado patente que la decisión de la Administración Central en cuanto a la ubicación elegida para la construcción del Centro Penitenciario se ha adoptado con absoluta omisión del deber de cooperación entre administraciones…” recogido en las leyes. Y ya en el apartado de Conclusiones, “…procede manifestar que el deber de cooperación que impera como principio básico entre las Administraciones Públicas ha sido claramente conculcado, negando a este Ayuntamiento, y por extensión a los ciudadanos de Pamplona, cualquier posibilidad de conjugar el interés municipal de preservar la Colina de Santa Lucía como un enclave natural, con el interés estatal de mejorar las instalaciones de los centros penitenciarios.” Más claro, agua.
Termino Sra. Delegada. Parece ser que el Ministerio de Medio Ambiente ha decidido no realizar Estudio de Impacto Ambiental alguno sobre este proyecto, a pesar de ser la Colina zona medioambientalmente protegida. En un alarde de colaboración y diálogo institucional, no se hace ningún caso de los informes que tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona emitieron al respecto, en los que consideraban imprescindible dicho estudio de Impacto Ambiental.
Y encima, sus compañeros/as de partido, pretenden aprobar, junto a los presupuestos de 2009, una enmienda adicional a la ley que ya ofrece discrecionalidad al Estado para la realización de obras “de interés general”, incluyendo en esa calificación a todos los centros penitenciarios. Ello, con el confesado objetivo de excluir los posibles controles preventivos y la participación de otras Administraciones Públicas. En definitiva, caminando “SIN COMPLEJOS” hacia la desviación de poder y las actuaciones arbitrarias, por muy irracionales que puedan parecer.
A la vista de todo lo anterior, si quiere que sus palabras resulten creíbles, tendrá que revisar su permanencia a cargo de la Delegación de Gobierno y también su pertenencia al PSOE-PSN.
Atentamente. Julen Mendiguren.
Asociación de Vecin@s de San Jorge / Sanduzelaiko Auzo Elkartea 
Deja un comentario